Cuando la autoridad deja de cumplir con una de sus responsabilidades básicas,
garantizar seguridad pública a la población, lo que sigue invariablemente es la
anarquía y la justicia por mano propia.
Eso es exactamente lo que sucedió la semana pasada en el municipio de Soledad
Atzompa, enclavado en la Sierra de Zongolica. Cuatro personas –entre las cuales
se encontraban dos menores de edad- fueron linchadas por guardias comunitarias
del lugar, al ser identificados como parte de una célula delincuencial que se dedica
a la extorsión y el secuestro en esa región.
Los presuntos delincuentes fueron lapidados y quemados vivos por los habitantes
de ese municipio indígena, localizado en una de las zonas más “calientes” de la
inseguridad en la entidad: el corredor fronterizo de la región central de Veracruz
con el estado de Puebla, en el que operan bandas criminales dedicadas, además
de a los delitos que se les achacan a los hoy occisos, al robo de combustible.
Los hechos sucedieron entre jueves y viernes de la semana pasada. Y al observar
la respuesta de las autoridades estatales, resulta más que comprensible por qué la
población decidió actuar por su cuenta contra los criminales.
El viernes, en un escueto y vergonzante boletín de prensa, la Secretaría de
Seguridad Pública del estado “lamentó” y “condenó” los hechos de violencia en
Soledad Atzompa, a donde fueron desplegados ese mismo día “100 elementos de
la SSP, Secretaría de la Defensa Nacional y policías Federal y Ministerial”.
Si los gobiernos estatal y federal hubiesen hecho caso a los numerosos llamados
de auxilio que desde esa región -asolada desde hace mucho tiempo por la
inseguridad y la violencia- se han hecho, no habrían tenido que “lamentar” nada.
Pero resulta que no hicieron su trabajo. Ni los que se fueron, ni los que llegaron ni
los que se quedaron.
Hasta el domingo fue que se apareció en Soledad Atzompa el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, quien más parecía que estaba en un acto de campaña
–de los que nunca se le vieron- que en un recorrido de inspección por motivos de
seguridad. Y aun cuando se comprometió a reforzar los operativos de vigilancia
con elementos de la Fuerza Civil en coordinación con militares, marinos y policías
estatales para proteger a maestros rurales y médicos, que son quienes han sufrido
la mayor cantidad de plagios, lo único que pudo ofrecer en realidad fue el envío de
cinco patrullas para la región, “una vez que éstas sean adquiridas, a finales del
mes de marzo”.
¿De verdad es ése el nivel de urgencia y prioridad que le da el gobernador a una
situación como la que se vive en esa zona? ¿Pensará realmente que en la Sierra
pueden esperar hasta finales de marzo?
Ni qué decir de la respuesta del fiscal Jorge Winckler Ortiz. Con la sensibilidad de
un hipopótamo, afirmó este lunes que se investigan los homicidios ocurridos en
Soledad Atzompa y que “nadie debe hacer justicia por propia mano”, pues “para
eso están las autoridades e instituciones”.
Rúbrica; ¿Autoridades e instituciones? ¿De qué hablan?, Por Aurelio Contreras Moreno
